Sanciones Administrativas

Cuando la Administración inicia un procedimiento sancionador por considerar que se ha infringido una norma,  es importante acudir a un abogado, ya que el resultado del mismo depende en gran medida de un adecuado conocimiento de la normativa aplicable. No solamente cuando estamos seguros de no haber cometido infracción alguna. Aún cuando se haya podido cometer una infracción, la diferencia entre que ésta sea considerada leve, grave o muy grave; que lleve aparejada la obligación de reponer las cosas en su estado inicial, o incluso una indemnización de daños, puede dar lugar a desembolsos económicos o resultados jurídicos muy distintos.

El camino que lleva a la sanción está sujeto a una serie de formalidades que ineludiblemente ha de cumplir la Administración. Así, el procedimiento ha de inspirarse en los siguientes principios:

Legalidad: Todas las infracciones y sanciones han de estar contempladas en una norma con rango de ley.

Irretroactividad: No podrá sancionarse por una infracción que no estuviera prevista como tal en el momento de cometerse el hecho.

Tipicidad: Exige que la conducta infractora esté tipificada como tal. En función de su gravedad se clasificarán en Leves, Graves o Muy Graves.

Responsabilidad: Solo podrá ser sancionado quien resulte responsable de la conducta tipificada como infracción. Dicha responsabilidad podrá dar lugar no solamente a la imposición de una sanción o multa, sino a la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como a una indemnización por los daños y perjuicios causados

Proporcionalidad: Se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.

b) La naturaleza de los perjuicios causados.

c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.

Por lo tanto, el resultado económico del procedimiento puede variar mucho en función de las circunstancias.

Prescripción: Cada norma que tipifique infracciones y sanciones puede establecer plazos específicos de prescipción. Si no es así, las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

Concurrencia de Sanciones: No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Garantía de Procedimiento: En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento, debiendo respetarse siempre la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos.

Derechos del Presunto Responsable: Los procedimientos sancionadores garantizarán al presunto responsable los siguientes derechos:

• A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.
• A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes.
• Los demás derechos reconocidos por el artículo 35 de la Ley 30/1992.

Presunción de Inocencia: Este importantísimo derecho exige que sea la Administración la que pruebe la existencia de una conducta infractora y de responsabilidad, no teniendo el presunto responsable que demostrar su inocencia, sino que es la Administración la que debe demostrar la culpabilidad.

Para ello la Administración puede practicar pruebas y debe admitir las que proponga el interesado.

Resolución: Finalmente, el procedimiento sancionador finaliza con la resolución. Ésta ha de ser motivada, resolviendo todas las cuestiones que se hayan planteado a lo largo del procedimiento y sin que puedan aceptarse hechos distintos de los debatidos en el propio procedimiento.